Un ingeniero expone en el Congreso un posible sistema de pago por los servicios de los ecosistemas en España

FUENTE: EFE

La intervención de Martínez de Anguita en la Comisión parlamentaria de Cambio Climático responde a que el Ministerio de Medio Ambiente le encargó el pasado año el desarrollo de la “Articulación jurídica y política de un sistema de pago por servicios ambientales a través de contratos territoriales”.

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos es, además, un experto internacional en la materia objeto del trabajo, que parte de la teoría de que “la conservación de los ecosistemas supone un nicho de mercado y una fuente de empleo, así como la mejor medida de adaptación al cambio climático”.

Según ha expuesto Martínez de Anguita en la comisión, el modelo de “pago por servicios de los ecosistemas” está muy desarrollado ya en Latinoamérica, a diferencia de en Europea, debido, en parte, a que “las administraciones públicas de esos países no tienen capacidad de garantizar la conservación de la naturaleza”.

Entre otros, ha citado el ejemplo de Coca Cola en Guatemala, donde esa compañía paga la conservación de la Reserva de la Biosfera “Sierra de Las Minas” en la que nace el agua que luego emplea esa empresa en la fabricación de sus refrescos.

Vocación de extenderse

Ese modelo tiene vocación de extenderse en Europa y el resto del mundo, ha aseverado el ingeniero, quien ha citado que la propia Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas en esta materia ha creado el mayor mecanismo de pago por servicios ambientales a escala global, llamado REDD+.

El citado mecanismo prevé que los países desarrollados paguen la conservación de los bosques en los estados en desarrollo para compensar las emisiones de CO2.

Para establecer en España un sistema de pago “público-privado” por los servicios de los ecosistemas, el experto considera que hay que seguir cuatro pasos, de los cuales ya se ha dado el primero: “identificar y cuantificar los servicios ambientales que generan los parajes naturales en España como base para la creación de políticas autonómicas de pago por esas prestaciones”.

A continuación, su trabajo establece que habrá que aprobar un plan de pago por los servicios ambientales, crear un Consejo Nacional Regulador de los Servicios Ecosistémicos para España con empresas, asociaciones y administración; y, finalmente, habría que “establecer un mecanismo de seguimiento del estado de los servicios de los ecosistemas en España y de sus proveedores”