FUENTE: DIARIO ATLÁNITICO
Tanto el juzgado como la Fiscalía coinciden en señalar que no hay pruebas suficientes, o mejor dicho que los indicios que iniciaron el procedimiento no pudieron adquirir la consistencia necesaria como para abrir un juicio oral contra la única persona imputada, un vecino de Fornelos.
Los principales indicios que llevaron en su momento a la detención de Rafael A.P., de 62 años eran tres y, según el auto, todos ellos acabaron desinflándose tras las declaraciones de los testigos ante el juez, que llegaron a desdecirse de lo que en un principio recogió la Guardia Civil. Este es el caso de un testigo protegido que habría asegurado ante los agentes que el imputado había reconocido su autoría. Sin embargo, en la declaración judicial, negó haber hecho tal afirmación.
Respecto al móvil, varios testimonios apuntaban a un conflicto entre el acusado y su hijo con la Sociedad de Caza, que, precisamente suele moverse por el lugar donde se produjo el incendio. Tales testimonios aseguraban que hubo amenazas por parte del imputado, pero la propia directiva de la Sociedad lo desmintió ante la titular del Juzgado de Redondela.
Lo mismo ocurrió con el tercer indicio que apuntaría al vecino de Fornelos como posible sospechoso del incendio. El fuego comenzó en una zona escondida y apartada, pero cercana a una finca de su mujer. Sin embargo, varios testimonios sitúan a este hombre en su casa minutos próximos al inicio del incendio.
Las familias de los brigadistas fallecidos, Rodrigo Amo González y Julio Martínez Dasilva anunciaron ya su intención de apelar la decisión, con la que no se encuentran conformes. A su modo de ver, existen indicios más que suficientes para no archivar ninguno de los procesos. Esta decisión impedirá, de momento dar carpetazo al asunto.